Exemple

El caso fue iniciado a principios de 2015 por ADC, ASDRA, ACIJ y REDI -cuatro organizaciones que trabajan por el derecho a la educación inclusiva e integran el Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva- al constatar la existencia de graves falencias y vacíos en la información relevada por el Estado Nacional sobre la escolaridad de los alumnos/as con discapacidad.

En 2014, la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE) del Ministerio de Educación, informó -ante el requerimiento de varias organizaciones- que no produce la misma información para escuelas comunes que para escuelas especiales, a las que asisten mayoritariamente estudiantes con discapacidad, y no produce información que permita conocer la cantidad de personas con discapacidad que asiste a escuelas comunes. Esto impide conocer cuál es su situación educativa y obstruye la formulación de políticas públicas serias tendientes a poner punto final a  las barreras y  discriminación que estas personas enfrentan durante su trayectoria por el sistema educativo.

Al dictaminar en el caso, el Ministerio Público Fiscal consideró que existía una omisión por parte del Estado en el cumplimiento de obligaciones asumidas internacionalmente al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y solicitó al tribunal que ordenara a la DiNIECE la producción de la información omitida.  Agregó que dicha omisión no sólo cercena el derecho a la información pública, sino que además obstaculiza el conocimiento de la situación real en que se encuentran las personas con discapacidad y la evaluación del grado de cumplimiento de su derecho a la educación, a la igualdad y no discriminación, imposibilitando de ese modo el diseño de políticas públicas adecuadas.

La Cámara, en un precedente que es fundamental para el diseño y desarrollo de políticas públicas para el reconocimiento del derecho la educación inclusiva en Argentina, remitió a los fundamentos del Fiscal y ordenó al Estado que “realice las acciones y gestiones administrativas necesarias, en el marco de sus competencias, para asegurar la producción de la información solicitada” sobre la educación de las personas con discapacidad.

Contacto:

Alejandro Segarra, director del área de Litigio de ADC

Correo electrónico: litigio@adc.org.ar

Teléfono: (011)5236 -0555

 

Mariela Galeazzi, coordinadora área Discapacidad y Derechos Humanos de ACIJ

Correo electrónico: mgaleazzi@acij.org.ar; prensa@acij.org.ar

Teléfono: (011) 43812371

 

Pedro Crespi, director ejecutivo de ASDRA

Correo electrónico: pedro.crespi@asdra.org.ar

Teléfono: (011) 15 56017821

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Exemple

El pasado lunes, la jueza Romina Tesone, titular del juzgado 1 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires, resolvió que la Escuela Jesús María de San Vicente de Paul “extienda a César Alan Rodríguez el correspondiente título oficial de finalización de sus estudios secundarios”, y que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires legalice el título, una vez emitido.
Se trata de una larga lucha judicial que viene llevando desde hace más de 3 años Alan César Rodríguez, un joven estudiante con discapacidad, por la certificación que avale la finalización de sus estudios secundarios, tras haber transitado su escolaridad secundaria en aquel instituto de enseñanza privada. El caso recibió gran apoyo por parte de diversos sectores de la sociedad civil, y en junio de 2016, la Asociación por los Derechos Civiles presentó un Amicus Curiae, con sólidos argumentos basados en la Constitución Nacional y diversos tratados de Derechos Humanos, así como en la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El reciente fallo del juzgado se apoya ampliamente en la normativa nacional y cita los tratados internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad, haciendo énfasis en que “el derecho a la educación inclusiva sin discriminación exige que la enseñanza escolar a los alumnos con discapacidad sea brindada en la igualdad de condiciones que a los demás”.
En su trayectoria escolar, Alan recibió el apoyo de una maestra integradora y cursó con una currícula adaptada mediante un Proyecto Pedagógico Individual (PPI), en tanto éste le permitió el tránsito por la escuela secundaria, el aprendizaje en función de los objetivos y metas diseñados de acuerdo a sus necesidades individuales, y su evaluación. Su boletín acredita excelentes calificaciones. Sin embargo, las autoridades de la Ciudad se negaron a entregarle el título oficial, arguyendo que no había aprobado los contenidos mínimos. Por este motivo, el fallo declara la inconstitucionalidad de la disposición que establece el PPI desarrollado para la trayectoria escolar de Alan, en tanto le impone el cumplimiento de contenidos mínimos de la “currícula regular” como requisito para la certificación. Esto le quita al PPI el carácter de terminalidad, al privarlo de la emisión de título oficial. Al respecto, el fallo hace alusión al dictamen del INADI:

“Resulta necesario recordar que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece en su artículo 29 que la Educación Secundaria es obligatoria. Motivo por el cual, no resulta lógico que un PPI sea confeccionado sin que su finalidad última sea la de concluir el nivel secundario, aprobando la totalidad de los contenidos básicos, y así acceder a un título oficial. (…) La educación inclusiva y la igualdad de oportunidades implican, en casos como el de marras, que la persona pueda acceder no solo a los contenidos de la currícula, sino también a un título que, de acuerdo a la normativa vigente, lo habilite a avanzar en su desarrollo educacional y profesional. De no ser así, la finalidad se vería desvirtuada.” (Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo. Dictamen 656-15, fs. 173 vta. y 175)

Desde ADC, celebramos la sentencia de la jueza Romina Tesone en favor del derecho a la educación de Alan Rodríguez, y sostenemos que ésta sienta un importante precedente en materia de educación para las personas con discapacidad.
La Asociación por los Derechos Civiles trabaja desde hace años en la promoción del derecho a la educación de las personas con discapacidad, tanto desde el litigio de interés público, como desde el monitoreo de la normativa sobre el tema y su aplicación; asimismo, viene llevando adelante una intensa campaña de difusión y concientización social. Toda nuestra labor puede ser consultada en www.educacion-inclusiva.com.ar

Link para descargar la sentencia completa: Sentencia Alan Rodríguez

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Imagen: Alan César Rodríguez sostiene su titulo secundario.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), junto al resto de las organizaciones que integran la coalición Grupo Art. 24 por la educación inclusiva, presentó un Amicus Curiae con el fin de brindarle nuevos argumentos a la Jueza, Romina Tessone, para  que falle a favor de Alan César Rodríguez, y obligue a la Escuela Jesús María de San Vicente de Paul a que le otorgue el título oficial de la escuela secundaria que cursó y aprobó, ya que el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nada hace al respecto.
El caso de Alan

Alan Rodríguez estudió en el Instituto privado Jesús María de San Vicente de Paul, ubicado en el barrio porteño de San Telmo. Con síndrome de Down, recibió el apoyo de una maestra integradora y una currícula adaptada. Como todos sus compañeros, estudió, se esforzó y se graduó. Así lo acredita su boletín y el diploma que recibió. Sin embargo, las autoridades de la Ciudad se niegan a entregarle el título oficial, arguyendo que no están aprobados los contenidos mínimos.

Con un dictamen del Inadi, que concluyó que “la conducta denunciada se encuadraría como discriminatoria”, Alan presentó un recurso de amparo el último diciembre, con el apoyo de su familia y el patrocinio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva. La causa quedó a cargo de la jueza Elena Amanda Liberatori, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la Ciudad.

Las consideraciones del Amicus Curiae

Los principales argumentos que se le ofrecieron a la Jueza en el Amicus pueden sintetizarse de la siguiente manera:

La negativa a emitir el título de la Escuela Jesús María de San Vicente de Paul, y la omisión del Ministerio de Educación de controlar efectivamente a dicha escuela, viola obligaciones de derecho local, constitucionales e internacionales en materia de derechos de las personas con discapacidad. En particular, viola el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la no discriminación establecidos en el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional y diversos tratados de Derechos Humanos; esta doble omisión resulta arbitraria y sin fundamentos, razón por la cual, no supera tampoco el estándar de mera razonabilidad del artículo 28 de la Constitución Nacional, el cual sostiene que no pueden restringirse los derechos constitucionales mediante normas de menor nivel (ya sean leyes, decretos, resoluciones, etc.) y, por último, también afecta a la autonomía de Alan, garantizada por el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (incorporada a nuestra legislación con jerarquía constitucional mediante la ley 26.378) ya que al negarle el título del colegio secundario, le impiden continuar su formación y desarrollar así su proyecto de vida.

Resulta indudable que la obligación de garantizar una política de educación inclusiva comprende el deber del Estado de asegurar los medios y adaptaciones necesarias para la implementación de políticas inclusivas en todo el sistema educativo, de modo tal que las personas con discapacidad puedan ingresar a las escuelas, transitar su recorrido educativo completo en las mismas y obtener el correspondiente título oficial al finalizar sus estudios en igualdad de condiciones que las demás personas.

En este caso puntual, se está violando el último tramo: se le niega a Alan la entrega del título oficial, lo cual resulta ilegal y discriminatorio, ya que terminó la escuela junto con el resto de sus compañeros/as y cumplió con todos los requisitos establecidos. Por ello, consideramos que tiene derecho a que le entreguen el título oficial, como al resto de sus compañeros/as. Al no cumplirse esta obligación, entendemos que está siendo víctima de una discriminación ilegal, y eso es lo que intentamos ayudar a que se corrija mediante la sentencia (a dictarse), a través de la presentación de este Amicus Curiae.

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Descargá el comunicado: http://goo.gl/0WtZPn

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A propósito del Amicus Curiae, compartimos un video registrado en el marco de la Jornada “Pensar la Educación” llevada a cabo el jueves 19 de mayo de 2016, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorni. En el mismo, Pedro Luis Sisti -abogado del área de Litigio Estratégico de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)- expone sobre posibles estrategias de acción ante la vulneración del derecho a la educación:  https://goo.gl/T6LHSM

 

Link para acceder a la desgrabación escrita del audio de este video: http://goo.gl/kClOzr

 

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En enero de 2015, la CONADIS, en su carácter de organismo regulador del “Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad (art. 1, Decreto 1193/98), emitió, desde el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, el Acta 333 para indicar que la figura de Maestro de Apoyo a la Integración Escolar debe ser adecuada a los requerimientos de apoyo de las personas beneficiarias del sistema.

El acta surgió luego de numerosos reclamos del Grupo Art. 24 ante CONADIS, realizados por las barreras cotidianas que enfrentan familias y personas con discapacidad para acceder a la prestación adecuada de apoyo a la inclusión en escuelas comunes.

Establece, en su parte pertinente, que: ¨Los apoyos pueden adoptar distintas formas según el requerimiento del estudiante y/o la comunidad educativa. Los pueden brindar los docentes, profesores con conocimiento especializado, (docentes de educación especial), otros profesionales (psicopedagogos, psicólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, intérpretes de lengua de señas, entre otros) y/o asistentes personales.¨

El Acta 333 fue remitida al MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN para que incluya estas precisiones en el Marco Básico de Prestaciones.

Ya pasaron 10 meses y, a pesar de numerosos reclamos efectuados por el Grupo para que el Ministerio resuelva, el expediente sigue sin resolución.

Por eso, si tu obra social o prepaga rechaza la solicitud de cobertura de la prestación MAESTRO DE APOYO y/o exige títulos específicos, llevá este Acta emitida por el Directorio del Sistema de Prestaciones. La falta de resolución de los organismos responsables no puede vulnerar tus derechos.

Accedé al Acta en pdf para imprimir en:http://www.grupoart24.org/document…/GrupoArt24-Acta333gv.pdf
(En la imagen: placa con el logo del Grupo Art24 que es un molinete multicolor)

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La Procuradora General de la Nación dictaminó en una causa que patrocina la ADC en favor de Emiliano Naranjo para que pueda cursar el Profesorado Universitario en Educación Física, en ejercicio de su derecho a la educación inclusiva. Resta esperar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

(Buenos Aires, 16 de junio de 2015) – La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) celebra el dictamen de la Procuración General de la Nación en el caso de Emiliano Naranjo, un joven con discapacidad motriz. El mismo enfatiza la obligación de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) de realizar ajustes razonables y prestar los apoyos técnicos necesarios para que Naranjo pueda cursar el Profesorado Universitario en Educación Física, en ejercicio de su derecho a la educación inclusiva.

Emiliano Naranjo obtuvo en el año 2007 su título de Licenciado en Educación Física en la UNLaM. Sin embargo, a pesar de sus reiterados pedidos, la institución negó sistemáticamente su ingreso al Profesorado Universitario. Entendiendo que esta negativa restringía el ejercicio efectivo de su derecho a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación, en 2011 Naranjo presentó una acción de amparo y un pedido de medida cautelar, patrocinado por la ADC, que fue concedido en abril del mismo año por la jueza Martina Isabel Forns. En esa ocasión, Forns ordenó a la UNLaM que autorice en forma inmediata su ingreso al ciclo lectivo 2011 y dispuso que curse en forma condicional, durante ese año, cuatro materias correspondientes al Profesorado de exclusivo contenido teórico. Posteriormente, el 22 de noviembre de 2013, la misma Magistrada dictó sentencia sobre la cuestión de fondo haciendo lugar a la demanda.

Sin embargo, la UNLaM apeló la sentencia y, el 17 de marzo de 2014, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín confirmó la sentencia de primera instancia. Disconforme con esta nueva sentencia, la UNLaM apeló a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), quién aún no ha dictado sentencia. Sin embargo, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ha dictaminado a favor de Emiliano.

Antes de emitir un fallo, el Máximo Tribunal remite las causas a la Procuración General a los fines de que esta decida si quiere dar su opinión sobre las mismas. Los dictámenes de la Procuración no son vinculantes para la CSJN, es decir, no es obligatorio que la Corte Suprema comparta las opiniones de la procuradora.

En su pronunciamiento, Gils Carbó resalta que “las normas constitucionales de protección del derecho a la educación y las referidas a los derechos de las personas con discapacidad (…) resultan aplicables en el ámbito de la universidad, sin que pueda alegarse que ello importa un avasallamiento de su autonomía”. Asimismo, recuerda que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) “instaura un modelo social que implica que la discapacidad no sólo se define por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que también se encuentra determinada por las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva”.

También destaca que el artículo 24 de la CDPD dispone que “para hacer efectivo el derecho a la educación, se deben realizar ajustes razonables en función de las necesidades individuales y prestar medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión” y resalta que la UNLaM “se ha negado a realizar los ajustes razonables a fin de posibilitar que el señor Naranjo curse el profesorado de educación física, sin demostrar que ello implique(…) una carga desproporcionada o indebida”.

La ADC celebra el dictamen de la Procuradora General y aguarda la decisión de la Corte Suprema con la expectativa de que reconozca el derecho de Emiliano Naranjo a cursar el Profesorado Universitario en Educación Física, en ejercicio de su derecho a la educación inclusiva. Una sentencia con este alcance, sin dudas fijaría lineamientos para que el Estado argentino avance en el reconocimiento del derecho a la educación inclusiva de todas las personas con discapacidad, en todos los niveles educativos.

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A 29 meses del reclamo de más de 100 organizaciones de la sociedad civil de que se garantice el derecho de las personas con discapacidad a la educación en escuelas comunes inclusivas, el Ministerio de Educación de la Nación sigue sin responder.


(Buenos Aries, 12 de mayo de 2015) – El Ministerio de Educación de la Nación sigue sin dar respuesta al reclamo realizado por el Grupo Artículo 24 a fin de que garantice el derecho de las personas con discapacidad a asistir a escuelas comunes inclusivas. Dicho reclamo fue promovido en diciembre de 2012 por el Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva.

Esta situación, además de constituir una clara vulneración del derecho de peticionar a las autoridades, evidencia el escaso compromiso del Ministerio de Educación de la Nación con la promoción del derecho a la educación inclusiva de personas con discapacidad. Este derecho ha sido reconocido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado con jerarquía constitucional desde noviembre de 2014.

Comunicado completo de las organizaciones: Comunicado Grupo Articulo 21

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La ADC presenta el informe “Buenas prácticas inclusivas en la educación de personas con discapacidad en la provincia de Buenos Aires y desafíos pendientes”, que documenta prácticas inclusivas orientadas a la educación de personas con discapacidad en escuelas comunes de la provincia de Buenos Aires. El informe hace hincapié en los obstáculos y las tensiones que impiden o dificultan la plena realización del derecho a la educación de las personas con discapacidad.



(Buenos Aires, 11 de mayo de 2015)
– La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presenta su informe “Buenas prácticas inclusivas en la educación de personas con discapacidad en la provincia de Buenos Aires y desafíos pendientes”. La publicación sistematiza los resultados de un estudio realizado por la ADC a fin de conocer y registrar experiencias educativas inclusivas en escuelas comunes de la provincia de Buenos Aires. El informe también identifica prácticas que obstaculizan el ejercicio pleno del derecho a la educación inclusiva de los alumnos con discapacidad. Este relevamiento tuvo lugar en ocho escuelas públicas de la ciudad de La Plata y estuvo a cargo de la Lic. Pilar Cobeñas, consultora independiente de la ADC.

Entre otras buenas prácticas inclusivas, se observa que las escuelas comunes relevadas en este informe:

  • tienen un equipo de gestión con la decisión política y el compromiso realde promover la inclusión de estudiantes con discapacidad;
  • desarrollan proyectos de articulación con escuelas secundarias e implementan procedimientos claros para recibir y sostener la permanencia y el egreso de estudiantes con discapacidad;
  • cuentan con al menos una persona con discapacidad entre los integrantes de los equipos docentes, directivos o de orientación escolar, o bien desarrollan actividades extracurriculares lideradas por personas con discapacidad;
  • han realizado las reformas edilicias necesarias para resultar accesibles a sus alumnos con discapacidad;
  • facilitan los apoyos que los alumnos necesitan y fomentan el trabajo colaborativo entre estudiantes, docentes de grado, profesores, maestros integradores, personal de apoyo, preceptores y demás miembros de diversos departamentos docentes.

El informe también subraya los desafíos pendientes en la educación de las personas con discapacidad y enfatiza que:

  • un prejuicio instalado considera que los estudiantes con dos o más tipos de discapacidad no pueden acceder a la escuela común ni pueden recibir plenamente una educación especial, ya que –se dice– no pueden asimilar contenidos pedagógicos (incluso hay quienes consideran que estos alumnos son “ineducables”);
  • durante toda su trayectoria educativa, se evalúa continuamente a los alumnos con discapacidad para determinar si están en condiciones de acceder (o de permanecer en) la escuela común. Esta evaluación constante “tiene como correlato la exigencia de que demuestren diariamente que son dignos y merecedores de una educación común”;
  • aún prevalecen prejuicios y actitudes discriminatorias hacia los alumnos con discapacidad entre los docentes y directivos de escuelas comunes. El informe recoge el testimonio de una alumna con discapacidad que relató cómo se refirió a ella una profesora: “Me echó de la clase y me dijo que a ella no le pagaban doble por enseñar a retrasados. […] Me dio mucha bronca. Pero la profesora es de matemática y yo no entiendo matemática, pero después esa profesora sacó carpeta y ahora tenemos otra profesora de matemática que es buena porque explica y ahora tengo 10. Tengo miedo de qué va a pasar cuando se le termine la carpeta a la otra profesora”.

En este contexto, el informe destaca que la eliminación de cualquier tipo de educación segregada en escuelas especiales y el desarrollo de una educación inclusiva que tenga como objetivo una educación común para todos y todas constituyen reclamos centrales del movimiento de personas con discapacidad. Consideramos que las buenas prácticas relevadas en el informe pueden servir como referencia para que otras escuelas y otros docentes implementen proyectos de inclusión educativa y avancen en la superación de los desafíos que todavía persisten para el pleno respeto del derecho a la educación inclusiva de los alumnos y alumnas con discapacidad.

Descargue el informe completo: Buenas practicas Educacion Inclusiva ADC- 2015

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La CSJN rechazó el recurso de queja de la UNLaM a favor de Emiliano Naranjo


La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja interpuesto por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) en el caso patrocinado por la ADC, en una decisión sin precedentes en defensa de las personas con discapacidad y la protección de su derecho a la educación inclusiva

 

 

(Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015)  – La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) celebra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de fecha 10 de noviembre de 2015, a través de la cual dicho tribunal rechazó el recurso de queja presentado por la UNLaM , reconociendo el derecho de Emiliano Naranjo a cursar el Profesorado Universitario en Educación Física y, de esta manera, obligó a la UNLaM a adecuar los métodos de evaluación a efectos de que Emiliano pueda transitar su carrera universitaria en pie de igualdad con sus compañeros/as.

Naranjo obtuvo, en el año 2007, su título de Licenciado en Educación Física en la UNLaM. Sin embargo, a pesar de sus reiterados pedidos, la institución negó sistemáticamente su ingreso al Profesorado Universitario.

Sobre la base del derecho a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación, Naranjo presentó una acción de amparo y un pedido de medida cautelar, patrocinado por la ADC, que fue concedido en abril del mismo año.

Luego de la sentencia favorable dictada por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Nº 2, y la sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, la que confirma la decisión precedente, la UNLaM apeló a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A su vez, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó a favor de Emiliano.

En este sentido, el Dictamen de la Procuración resalta que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)  “ instaura un modelo social que implica que la discapacidad no sólo se define por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que también se encuentra determinada por las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva ”.

Asimismo, sostiene que el artículo 24 de la CDPD dispone que “ para hacer efectivo el derecho a la educación, se deben realizar ajustes razonables en función de las necesidades individuales y prestar medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social,  de conformidad con el objetivo de la plena inclusión ” y resalta que la UNLaM “ se ha negado a realizar los ajustes razonables a fin de posibilitar que el señor Naranjo curse el profesorado de educación física, sin demostrar que ello implique (…) una carga desproporcionada o indebida ”.

La ADC celebra la tan esperada decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, considerándola un gran paso no solo para Emiliano Naranjo, sino para todas las personas con discapacidad hacia una situación de total respeto del ejercicio de su derecho a la educación inclusiva y a la plena inclusión en la sociedad. Esperamos que el Estado argentino tome en cuenta el pronunciamiento de la CSJN, reconociendo el derecho de todas las personas a desarrollarse en condiciones de igualdad y garantizando el acceso al sistema de educación inclusiva sin discriminación a lo largo de toda su vida.

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